El beneficio, propuesto a través de un proyecto de resolución, alcanzaría a los pequeños y medianos productores en situación de emergencia o desastre agropecuario. Dicen que para ellos es imposible afrontar los costos de la próxima campaña. La iniciativa corresponde a la Diputada Nacional del GEN María Virginia Linares, está impulsando un proyecto de resolución para que el Gobierno nacional envié aportes del Tesoro Nacional para solventar los gastos de la próxima vacunación antiaftosa en los campos de pequeños y medianos productores en situación de emergencia o desastre agropecuario.
Los beneficiarios, de acuerdo a la propuesta de la diputada, deberían ser determinados a partir del Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Renspa). “Un número que consideramos una referencia razonable se encontraría alrededor de las 250 cabezas por productor”, propuso Linares.
De aprobarse esta propuesta, los gastos que correrían por cuenta del Gobierno nacional serían el de las vacunas; los honorarios veterinarios; la movilidad; y cualquier otro costo operativo propio de la vacunación.
El proyecto, que ingresó el 10 de diciembre último, fue girado a las comisiones de Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda, de la Cámara baja nacional.
“En medio de la grave situación agrícola ganadera, a la que se agrega la sequía extrema que se está viviendo en la región, resulta muy difícil afrontar la aplicación de la próxima vacuna antiaftosa”, resaltó Linares en su propuesta.
Y agregó: “debe tenerse en cuenta el estancamiento de precios del ganado en pie por más de cuatro años frente al incremento en el mismo período de alrededor de un 200% en el valor de la dosis de la vacuna, de $1,65 en 2005 a $3,30 en 2009.
Basándose en los dichos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Linares aseguró que los pequeños y medianos productores “resulta prácticamente imposible asumir los costos de la próxima vacunación”.
Para la diputada nacional, “si el Estado nacional no asiste económicamente solventando los costos de la vacunación, las Fundaciones encargadas de esta tarea desde hace más de 19 años no podrán llevar adelante las campañas, lo que resultaría sumamente perjudicial para nuestro país en su conjunto”.
“No llevar a cabo vacunación representaría una negligencia que dilapidaría el sacrificio y el esfuerzo de muchos productores que desde hace tiempo tomaron la decisión de un modelo participativo para el control y la erradicación de la fiebre aftosa”, agregó.
En el proyecto se indica que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra autorizado a utilizar los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, previstos en el inciso d) del artículo 3° de la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548, y sus modificatorias y complementarias.
Linares resaltó que el Gobierno nacional reconoció la emergencia climática en enero pero, en dicha ley, “no hace referencia alguna acerca de los costos de vacunación antiaftosa”.
El Enfiteuta