Por cada mil metros lineales de banquina, el productor gana una hectárea más para cultivo; en 2004 una ley estableció que el uso debía ser oneroso, pero todavía no se reglamentó. La Nación suprimió esa práctica en 2009, por razones de seguridad vial y porque vio que se hacía monocultivo, lo que degrada al suelo, y el uso de herbicidas podría generar reclamos de terceros. La ruta 32, que une Crespo con Viale, es un camino estrecho, a veces poceado, a veces hundido, flanqueado por campos sembrados que se extienden hasta el horizonte, pero que también avanzan sobre tierras fiscales, el terreno que queda entre la cinta asfáltica y el alambrado, cubierto también por plantaciones de soja, de maíz.
La costumbre está ya instalada: la siembra en las banquinas es una práctica habitual en rutas provinciales, y aún cuando hay una ley que no se aplica y que establece condiciones y la obligación de pagar un canon por parte del productor, lo usual es que haya permisos tácitos, sin ningún pago al Estado.
La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) entiende que así hay una utilidad mutua: el productor amplía su zona de siembra, y el Estado se beneficia por cuanto el dueño del campo se hace cargo de la limpieza de las banquinas, y la deja libre de malezas.
Pero aunque los convenios no escritos permiten la siembra de pasturas y de cultivos que no superen los 60 centímetros de alto (soja, trigo, lino), en la realidad ocurre que los límites se traspasan: en la ruta 32, pero también el Acceso Norte a Paraná, se siembra girasol al costado de la ruta, un cultivo no permitido. Claro que la siembra en las banquinas se repite en toda la geografía provincial, y alcanza no sólo a las rutas provinciales, sino también a las nacionales, donde está taxativamente prohibido.
MÁS RINDE. La ganancia por la ocupación de tierras de dominio público podría ser importante.
Una ruta provincial tiene una extensión de lado a lado de 50 metros, midiendo de alambrado a alambrado; la cinta asfáltica suele tener un ancho de 12 metros, a los que se les debe sumar de 2 a 3 metros de talud, más el espacio para la cuneta de desagüe, con lo cual quedan entre 10 a 12 metros a cada lado hasta llegar al alambrado. Ese espacio es el que suelen utilizar los productores para la siembra fuera de los límites de sus campos.
Por cada 1.000 metros lineales de banquinas, por diez de ancho, el productor suma una hectárea más. Pero ese es el caso de una ruta provincial; en las rutas nacionales, el ancho, de alambrado a alambrado, es de 100 metros, con lo cual el rendimiento se duplica, conforme se duplique la cantidad de terreno fiscal libre para la siembra.
Claro que cuando un productor procede a desalambrar, y a extender el límite de siembra más allá de su campo, e invade tierras fiscales, en las banquinas de las rutas, se abre un peligro extra: que los animales también invadan la zona de ruta, y provoquen accidentes. “Ese es el peligro que existe, pero en las rutas provinciales no es tanto el problema”, opinó Jorge Ylarragorry, jefe de Mantenimiento Vial de la DPV.
SIN LEY. En 2004 la Legislatura sancionó la Ley Nº 9.583, impulsada por el entonces senador justicialista Carlos Orlandi, que autorizó a Vialidad a otorgar “permisos precarios y onerosos para el aprovechamiento de las zonas marginales de las rutas y caminos”, donde “por sus características y dimensiones pudieran sembrarse pasturas, cereales y oleaginosas”.
La selección de los permisionarios debía hacerse mediante licitación pública, y los permisos a otorgar, durarían tres años, con la posibilidad de renovación, sin plazo de finalización.
El artículo 11º de esa ley estableció además que “los fondos obtenidos de dicha licitación pública los administrarán las Zonales Departamentales de Vialidad, correspondientes al lugar donde se efectuó el cultivo, creando a tal fin una cuenta especial, y los destinarán específicamente para el mantenimiento, limpieza y/o forestación de los caminos secundarios y terciarios”.
Pero casi siete años después de haber sido sancionada, la ley nunca se reglamentó; tampoco, va de suyo, se aplicó.
Guillermo Van Opstal, ingeniero jefe en Vialidad, admite esa situación, dice que se está trabajando en la reglamentación, pero enseguida agrega un dato: de los relevamientos hechos, no han hallado interés de parte de los productores en firmar permisos de uso de las banquinas. “Pero la idea es igual reglamentarla, con la exigencia del pago de un canon a quien use esos terrenos. A veces se da la situación de que hay invasiones de hecho, que en ocasiones favorece al mantenimiento de las banquinas, y en otras no. Generalmente, se le explica al productor que si retira el alambrado, tiene que hacerse responsable de que no haya animales sueltos”, señaló.
Lo que hay actualmente son más bien situaciones de hecho: los jefes de las zonales de la DPV acuerdan con los dueños de los campos hasta dónde extender la siembra, y así se liberan de la tarea de limpiar de malezas al costado del camino. “Si queremos avanzar en otorgar permisos de uso –aclaró Van Opstal– habría que estudiar todo más detenidamente, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad vial”.
La Nación no permite ocuparlas desde 2009
El 27 de noviembre de 2008, a través de la resolución Nº 2.018, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dispuso cesar todos los convenios de uso de banquinas para la siembra durante la cosecha de 2009, y establecer que de ahí en más ese tipo de prácticas quedaban vedadas en todas las rutas nacionales.
La disposición, firmada por el administrador general de la DNV, Nelson Guillermo Periotti, se apoyó en la necesidad creciente del parque automotor, sumado a los incumplimientos a las leyes de tránsito, lo cual obligó al organismo a desarrollar “vías de comunicación más seguras, efectuando no sólo diseños geométricos acordes al parque automotor circulante sino que también nos agrega la necesidad de dotar a la misma del entorno adecuado”. Para eso Vialidad entiende que no sólo es necesario dejar en buenas condiciones las calzadas de las rutas, “sino la generación de zonas de seguridad de 15 a 20 metros de ancho libre de obstáculos a partir del borde de la calzada”. O, lo que es lo mismo, que no haya siembra al costado de las rutas nacionales, algo que se ve con mayor asiduidad a la vera de la ruta nacional Nº 12. Esa franja, dice la resolución de Vialidad Nacional, “no sólo tiene por objeto la eliminación de aquellos obstáculos que generan un peligro potencial a la seguridad de los usuarios ante posibles despistes, sino que además crean una zona de amplia visibilidad sin elementos de distracción u obstaculización”. En ese marco, la siembra en las banquinas, entendió el organismo, “se contraponen a los objetivos buscados”.
La norma dio otros argumentos: el monocultivo empobrece los suelos, y favorece la erosión eólica; el uso de herbicidas puede ser contaminantes para los automovilistas y demandas de terceros afectados; y, en lo específico, desde el punto de vista vial, “la presencia de equipos agrícolas produce interferencias en el tránsito habitual que circula por la ruta”, se “impide el crecimiento de un tapiz vegetal permanente que proteja la zona del camino”; pero además, entendió que establecer convenios de uso haría distraer al personal de Vialidad de sus tareas específicas. Vialidad, por su propia función, no posee con personal especializado en agricultura, dice la resolución de la DNV. Claro que el organismo nacional se topa con la misma dificultad que su par provincial: no posee presencia permanente en las rutas, y por tanto no consigue hacer cumplimiento efectivo de esa disposición.
Desde la repartición explicaron a EL DIARIO que “cuando se logra identificar al dueño del campo que sembró en la banquina, se lo intima por carta documento para que cese en esa práctica. Pero a veces no se consigue ubicarlo”.
3.800 pesos adicionales por hectárea banquinera
Por cada hectárea extra que gana un productor que siembra en la banquina –si se toman 1.000 metros lineales de la misma por diez de ancho– logra, claro, una ganancia extra. En el caso de la soja, el cultivo más implantado en el país, la provincia y las banquinas, por ejemplo, obtiene unos 3.800 pesos (en bruto) por hectárea adicional. Esa cifra surge del rendimiento promedio provincial de la campaña 2009/10 que se ubicó 27 quintales (2.700 kilos ó 2,7 toneladas) por hectárea y la cotización del último viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario que fue de 1.430 pesos la tonelada.
Fuente: Ricardo Leguizamón – El Diario
