Este miércoles fue aprobado el proyecto de Diego Lara por el que se regula la instalación y utilización de videocámaras y/o sistemas de captación de imágenes en la vía pública. El tratamiento de esta iniciativa generó que en las gradas haya habido un número importantes ciudadanos de María Grande, localidad de la cual es oriundo Lara. En un extenso discurso, el Diputado brindó precisiones acerca de la iniciativa, destacó el trabajo que se dio en la Comisión de Legislación General y resaltó los aportes realizados por las autoridades policiales -el jefe de la Policía, Héctor Massuh y el subjefe Juan Rosatelli presenciaron la sesión- y por algunos intendentes, que plantearon algunas reformas al proyecto.

Tras indicar que “no hay datos sobre la cantidad de cámaras que hay en la provincia, sostuvo que “se necesita un marco regulatorio para regular el poder del Estado en cuanto a la administración de las imágenes”.


 


También se refirió a la necesidad de “preservar la intimidad de los ciudadanos” y a la tensión que se genera entre “dos conceptos: el de libertad y el de seguridad” a la hora de utilizar esta herramienta “para prevenir y disuadir el delito”.


 


Destacó que el proyecto, que finalmente se aprobó, “prohíbe la captación de sonido” debido a que “a los fines del objetivo perseguido, que es la seguridad pública, alcanza sólo con la captación de imágenes”.


 


Luego indicó que “la autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, a través de la Policía” y confirmó que “aquellos Municipios que ya cuenten con la videovigilancia podrán seguir haciéndose cargo de la misma y ser autoridad de aplicación durante el plazo de un año, ya que luego deberán acogerse a lo que marca el proyecto”.


 


El proyecto se aprobó en general y en la misma sesión se aprobaron algunas modificaciones que fueron precisadas por el legislador. Por ejemplo, se redujo de un año a seis meses el alamacenamiento de imágenes”, salvo en aquellas ocasiones en que la imagen esté siendo utilizada para una investigación judicial.


 


La iniciativa pasó a la Cámara de Senadores para su tratamiento.