La demanda firmada por 13 intendentes del Partido Justicialista que cumplen su segundo mandato y están impedidos de disputar la re reelección en octubre: Faustino Schiavoni, de Nogoyá; Juan Carlos Darrichón, de Diamante; César Garcilazo, de Victoria; Hugo Marsó, de Colón; Marcelo Bisogni, de Concepción del Uruguay; Osvaldo Viano, de Feliciano; Juan Javier García, de Chajarí; Juan Carlos Brambilla, de Crespo; Sergio Raúl Schmunk, de Viale; Rubén Ángel Vázquez, de San Benito; Ernesto Kramer, de Ramírez; Víctor Hugo Vilhem, de San Salvador; y Luis Alberto Schaaf, de Rosario del Tala; patrocinados por los abogados Nelson Schlotahuer y Héctor Marchese, fue declarada inadmisible por la Procuración General.

 


Los intendentes justicialistas que tienen intenciones de buscar su tercer mandato recibieron así un revés de la Justicia que consideró inadmisible la acción de inconstitucionalidad contra la cláusula transitoria de la Carta Magna reformada en 2008 que les impide esa posibilidad.


Los 13 intendentes recibieron el primer rechazo por parte de la Fiscalía de Estado. En el dictamen, Julio Rodríguez Signes entendió que los demandantes no cumplen con el requisito jurídico de presentar un “caso concreto” en el que se plasme la inconstitucionalidad. También cuestionó que se argumente un “trato desigual” respecto de los ex gobernadores Sergio Montiel, Jorge Busti y Mario Moine para quienes no se computan las gestiones que han tenido a su cargo con anterioridad a la reforma que habilitó al reelección del titular del Ejecutivo. El fiscal descalificó, además, el argumento según el cual la Convención Constituyente se habría excedido en sus atribuciones al debatir la reelección en los municipios. Contra esa posición, sostuvo que “no puede pretenderse que la ley que declara la necesidad de la reforma resulte un catálogo enumerativo interminable de habilitaciones que, sin dudas, terminaría limitando de tal forma la actividad constituyente que significaría en la práctica una sustitución de la actividad constituyente por la del legislador”.


Luego del dictamen y del sorteo entre los vocales del Superior Tribunal de Justicia la causa pasará a estudio de cada uno de ellos para que vayan emitiendo sus votos. El fallo del alto cuerpo se espera para mediados de abril.